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PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DETERMINA QUE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO ES INCONSTITUCIONAL AL PREVER QUE, PARA TENER ACCESO A LA PENSIÓN O A LA JUBILACIÓN SE TIENE QUE ACREDITAR QUE AL MENOS EL 50% DE PERÍODO DE ANTIGÜEDAD, FUE REALIZADO EN EL MISMO ENTE PÚBLICO.

(Acción de Inconstitucionalidad 138/2015, Promovida por diversos diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro)

A continuación el debate de los ministros:

 

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I. La minoría parlamentaria del Estado de Querétaro considera, en su primer concepto de invalidez, que el párrafo impugnado –que es este párrafo segundo del artículo 133– viola la garantía de seguridad social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, al condicionar la obtención de la pensión o jubilación al hecho de haber laborado en el ente público en el que se soliciten al menos cincuenta por ciento del período de antigüedad que se manifiesta en la solicitud. Asimismo, se señala que se viola el derecho de libertad de trabajo al obligar a permanecer con un mismo patrón.

 

Los conceptos de invalidez que fueron hechos valer, la propuesta los considera fundados, en atención a lo siguiente: primero, en lo que hace al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Querétaro, en el uso de libertad configurativa se tiene que las legislaturas locales, para establecer un régimen de pensiones para los trabajadores estatales, el Estado de Querétaro estableció un sistema en el cual los trabajadores se encuentran exentos de hacer cualquier tipo de cotización que el Estado asume —por consecuencia— por completo garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones por vejez.

 

Es un sistema de financiamiento atípico para este tipo de prestaciones, en el cual las pensiones son cubiertas en su totalidad con cargo al presupuesto del último órgano u organismo en el que el pensionado o jubilado trabajó.

 

Ahora bien, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 133 que se impugna, para efectos de acceder a la jubilación o pensión por vejez, sólo se computarán los años de servicio laborados en el ente público en el que se tramite o solicite la jubilación, siempre y cuando se acredite que al menos el cincuenta por ciento del período de antigüedad que manifieste en su solicitud se haya laborado en dicho ente público.

 

El requisito de un determinado tiempo trabajado para un mismo empleador no es un criterio razonable para determinar la posibilidad de acceder a una pensión o jubilación en términos del derecho a la seguridad social y una pensión para la vejez previsto en el artículo 123, apartado B, constitucional, ya que éstas no se otorgan en función del trabajo que es aportado al patrón y los beneficios que se le han podido generar, sino en atención al trabajador y el tiempo que ha trabajado.

 

Por otra parte, de conformidad al criterio de este Tribunal Pleno, los trabajadores no pueden ser privados del acceso a sus prestaciones derivadas de sus derechos de seguridad social por cuestiones que no les sean directamente imputables.

 

Por tanto, la obligación de tiempo mínimo violenta el derecho a una pensión por tiempo trabajado, al condicionarla al cumplimiento de requisitos que son ajenos a lo que puede hacer el trabajador. Por otra parte, limitar el acceso a las jubilaciones o pensiones a una cantidad mínima de años trabajados para el último empleador es una condición que violenta el derecho previsto en el artículo 5º constitucional a decidir libremente sobre dónde y para quién se quiere trabajar.

 

El Estado no puede obligar a los gobernados a escoger entre dos derechos humanos constitucional o convencionalmente protegidos, a efecto de hacer efectivo uno de ellos. Tampoco se puede condicionar el acceso a determinados beneficios estatales a que las personas renuncien, incluso, de forma voluntaria, a sus libertades constitucionales.

 

Atar el acceso a una prestación de seguridad social a no cambiar el empleo durante un plazo definido es una condición inconstitucional, ya que el acceso a un derecho prestacional estatal se hace depender de la renuncia a un derecho humano protegido constitucionalmente, como es la libertad de trabajo.

 

Por último, quiero mencionar que no se desconocen los problemas financieros del sistema estatal de pensiones de Querétaro que –como se dijo– está a cargo del presupuesto de la última entidad donde se haya trabajado, así haya sido un período breve, si esta disposición queda expulsada del orden jurídico por decisión de este Pleno, pero se debe señalar que éstos pueden y deben ser atendidos mediante medidas menos restrictivas de los derechos humanos de libre trabajo y seguridad social. El proyecto propone declarar la invalidez del párrafo segundo del artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Es cuanto tengo que decir, señor Ministro Presidente.

 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Ministro. Señoras y señores Ministros, está a su consideración la propuesta que nos hace el señor Ministro Medina Mora. ¿Alguna observación? Señor Ministro Laynez.

 

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias señor Ministro Presidente. Para expresar el sentir de mi voto, vengo con el proyecto. Me parece que, en efecto, el párrafo segundo del artículo 133 es inconstitucional al prever que, para tener acceso a la pensión o a la jubilación se tiene que acreditar al menos el cincuenta por ciento de período de antigüedad, fue realizado en el mismo ente público; creo que es violatorio del derecho a la seguridad social del artículo 123, apartado B.

 

En primer lugar, porque es un requisito exigido por esta ley que no forzosamente depende del trabajador. Lógicamente el trabajador podrá tener la voluntad de permanencia en ese puesto, y no siempre dependerá de él, puesto que puede ser un trabajador –por ejemplo– de confianza, que no tenga el derecho a la permanencia y que sea removido del cargo, y al día siguiente entrar a laborar a otro ente público como el Poder Legislativo del Estado de Querétaro y, sin embargo, ya no va a cumplir con este requisito, porque es importante señalar que, aun cuando la ley aclara que se considera como el mismo ente público al Poder Ejecutivo del Estado y a sus organismos descentralizados, lo que podría suponer que incluye todas las secretarías del gobierno de Querétaro, lo que se está excluyendo es al Poder Judicial y Legislativo, a los cuales les aplica esta ley.

 

Es decir, estoy de acuerdo que puede haber regímenes de seguridad social con base en el artículo 123, apartado A o B, con regímenes especiales y específicos, con sus propios sistemas de financiamiento; la propia ley excluye a la Comisión Estatal de Aguas o a la Universidad Autónoma de Querétaro, supongo que tienen regímenes especiales, esto no es inconstitucional, lo que es inconstitucional es que la manera en que el legislador de Querétaro plasmó el segundo párrafo, exige una carga al trabajador de –insisto– permanecer por este tiempo mínimo dentro del Poder Ejecutivo y no da opciones para que pueda cumplir con los requisitos para su pensión Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto y en la manera en que se explica su totalidad. Gracias.

 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna, por favor.

 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. También para manifestar mi conformidad con el proyecto del señor Ministro Medina Mora; tal como se ha mencionado, el artículo está sujetando a que, cuando menos quince años de servicio esté en una sola dependencia sin la posibilidad de tener movilidad a cualquiera otra, cuando la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece un sistema atípico –es cierto— pero para todo el Estado, con excepción nada más de dos organismos. O sea, todos los trabajadores del Estado se jubilan con esa ley, teniendo treinta años de servicio y sesenta de edad, cuando menos, pero aquí el problema es que sujetan en esta parte del artículo a que los últimos quince años, –dice, la mitad– el cincuenta por ciento del tiempo lo haya tenido en una sola dependencia, que es la que se hace cargo de cubrir la pensión respectiva. Entonces, considero —como lo dice el proyecto— que esto es violatorio del artículo 5º constitucional porque no se le permite al trabajador que esté pensando en jubilarse en poder cambiar libremente de trabajo hacia otra dependencia del mismo Estado y poder gozar de la jubilación una vez que satisfaga los requisitos de tiempo y de edad.

 

Entonces, por esa razón, me parece que es inconstitucional, simplemente que con esto es suficiente para declarar inconstitucional el artículo.

Y me apartaría de los otros dos razonamientos que están relacionados con criterios de razonabilidad —que no he compartido–, pero –de todas maneras– estoy de acuerdo con el proyecto, simplemente me aparto de algunas consideraciones, – para mí– con esta razón es suficiente. Gracias señor Ministro Presidente.

 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Señor Ministro Pérez Dayán.

 

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. También, estando de acuerdo con el resultado de esta acción de inconstitucionalidad, debo decir que, en principio, la lectura inmediata de este artículo no me llevaba a un tema de inconstitucionalidad, y lo digo porque, considerando que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro aplica para las tres ramas funcionales del mismo, esto es: Legislativo, Ejecutivo o Judicial, el entendimiento que daba a este segundo párrafo era –simple y sencillamente– el que tendrá que absorber la carga de la jubilación, aquella rama de Poder en la cual hubiere laborado más del cincuenta por ciento, lo cual –de entrada– me parecía absolutamente lógico, pues podría suceder que alguien laborando para el Poder Judicial veinticinco años y cinco más para el Poder Ejecutivo, llegado el momento de la jubilación, frente al Poder Ejecutivo, generara la obligación de éste, de entregar esta prestación.

 

Bajo esta perspectiva y la lectura del artículo, —como inicialmente lo suponía— me llevaría a entender que la jubilación tendría que ser entregada para quien se laboró por más de un cincuenta por ciento. Lo cierto es que pudiéramos llegar también a un caso en el que se laboró para los tres Podres y en ninguno de ellos se pudiera cumplir un cincuenta por ciento, sino estar dividido en tres partes. Si esto le sumamos que el remate del segundo párrafo excluye a algunos organismos como la Comisión Estatal de Aguas y la Universidad Autónoma de Querétaro, muy probablemente quiere decir que ellos tienen algún régimen especial, pero no tengo la certeza de si en estos organismos existe un régimen especial de jubilaciones distinto al que correspondería –en general– a los trabajadores del Estado de Querétaro.

 

Por tanto, si se considera que —aun cuando me parezca justo— donde se laboró por más de la mitad del tiempo en los treinta años sería la entidad que tuviera que absorber la carga jubilatoria, esto no me haría ver esta inconstitucionalidad, ni atentaría –por lo menos– contra un derecho a la jubilación.

Pero hay casos que, bien los pueden existir, en donde en ninguno de los tres se pudiera cumplir un cincuenta por ciento, dado que se hubiere laborado en los tres por partes, si no exactamente iguales, pero que no dieran la oportunidad de llegar a esto, quedaría excluido por disposición de la norma.

 

Bajo esa perspectiva y sólo con esa mera interpretación, me que parece el proyecto arriba a la necesaria conclusión de la inconstitucionalidad. No dejo de entender que la disposición tuvo como finalidad obligar a cada uno de los tres sistemas de Poder a reconocer, en su mayoría, la jubilación, a cargo de los trabajadores que hubieren laborado por mayor tiempo, mas parece que el efecto que se quiso producir con la propia disposición legal sólo trajo una confusión, y en cierto riesgo hasta la posibilidad de dejar fuera casos en los que, habiéndose laborado por más de treinta años, no se cumplieran estos en un cincuenta por ciento en una de las tres ramas del Poder y, por tanto, no supuesto para una jubilación. Por tal razón, señor Ministro Presidente, y, con esa aclaración, estoy de acuerdo con el proyecto.

 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Alguien más, señores Ministros? Si no hay más observaciones, tomemos la votación, señor secretario.

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto. SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Con el proyecto, apartándome de las consideraciones que señalé. SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto y con alguna consideración adicional. SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: En los mismos términos. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto. SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: A favor. SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: A favor de la propuesta.

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto; la señora Ministra Luna Ramos vota en contra de consideraciones relacionadas con razonabilidad, el señor Ministro Franco González Salas y el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, también tienen consideraciones adicionales.

 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Lea los resolutivos, señor secretario, por favor. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente, con gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entiendo, señor Ministro, que la cuestión de efectos por extensión, pues ya no tiene sentido, desde luego. SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Eliminaría el párrafo 113, y sugeriría eliminar el resolutivo tercero y correr los otros, porque ese artículo ya fue derogado. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Piña, por favor. SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Nada más para una precisión. En los resolutivos se leyeron en el sentido de declarar la invalidez de una porción normativa del párrafo segundo ¿o qué es lo que se va a eliminar, de qué se está declarando la invalidez?

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: El segundo párrafo del 133, completo. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Léanos, por favor, los resolutivos.

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

 

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2015, PROMOVIDA POR UNA MINORÍA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

 

TERCERO. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DECRETADA EN ESTE FALLO SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

 

CUARTO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿De acuerdo con los resolutivos, señores Ministros? (VOTACIÓN FAVORABLE). ENTONCES, CON ESTO QUEDA RESUELTA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2015, EN EL SENTIDO QUE NOS ACABA DE LEER EL SECRETARIO, Continuamos, señor secretario, por favor

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