Qué Hacemos

La SMDTSS busca la promoción de la justicia social frente a las necesidades de las nuevas relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas mediante el equilibrio de derechos e intereses de los sectores de la producción con el respeto a los derechos humanos, particularmente de los económicos, sociales y culturales…

Nuestra Historia

La tradición laboral mexicana empieza con lo vanguardista de la Constitución de 1917 que posicionó a México como uno de los países precursores en la promoción de los derechos laborales en el propio texto constitucional. Es así como el ejemplo mexicano sirvió de modelo para otros países, principalmente latinoamericanos, para el desarrollo y la concretización de los derechos fundamentales en el trabajo.

Jóvenes Juristas

La Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, Presidente de la SMDTSS (2009-2012 y 2012-2015), en seguimiento a la iniciativa impulsada por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, promovió la creación de una sección juvenil que formara parte del llamado “embrión latinoamericano”; así fue como se conformó un grupo de jóvenes interesados en los temas laborales y de seguridad social.

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Oficinas del Poder Judicial y Junta de Conciliación y Arbitraje de Chiapas

Aportación de la.abogada sindicalista Martha Alarcon
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia establece que la restitución internacional de menores no es vía idónea para obtener ejecución de sentencia extranjera que reconoce derecho de custodia



En sesión de 11 de abril de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el principio de la tutela del interés superior del menor, resolvió el amparo directo 8/2017, a propuesta de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.



En dicho asunto se examinó un procedimiento de restitución internacional de menores y se determinó que éste no es la vía idónea para obtener la ejecución de una sentencia extranjera que reconoció la paternidad del solicitante y le otorgó el derecho de custodia física y legal respecto del niño, dictada con posterioridad a la fecha en que el niño fue trasladado por la madre a México, dado que el ámbito material de aplicación de la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no tiene como propósito hacer cumplir una determinación de esa índole, sino únicamente garantizar la restitución de menores a su lugar de residencia habitual en un contexto de traslado o retención ilícitas, para velar porque se respeten los derechos de custodia o de visita vigentes en el Estado requerido en el momento en que se actualizaron esas hipótesis.



De manera que la homologación o reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia de derechos de custodia, posteriores al evento de traslado o retención, deben seguir los cauces que establezca la legislación interna aplicable.



Por otra parte, del análisis del artículo 3º de la citada Convención, se estableció que el derecho de custodia vigente (existente) que ha de asistir al solicitante de la restitución en el momento en que se verifica el traslado o retención, puede tener como fuente una atribución de pleno derecho conferida por la ley, una resolución judicial o administrativa, o un acuerdo vigente; y en esta última hipótesis, el solicitante no está relevado de la carga de la prueba para acompañar a la solicitud o aportar durante el procedimiento, los elementos de convicción que, por lo menos indiciariamente, soporten su afirmación de tener el derecho de custodia que se estima quebrantado con el traslado o retención del menor.
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Noticias internacionales
Chile

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió demanda por tutela laboral deducido por funcionaria despidida del Instituto Nacional de Derechos Humanos –INDH–, tras prestar testimonio en investigación administrativa.

En el fallo (causa rol 1089-2017), la magistrada Kerima Schichaswili Carvajal estableció que el despido de la trabajadora de la Unidad de Administración y Finanzas del INDH se debido al testimonio que prestó y no por el término de contrata.

"Que esta juez estima que de las pruebas aportadas por la actora en la audiencia de juicio, en especial aquellas analizadas en los considerandos precedentes, se desprenden antecedentes suficientes y consistentes que permiten concluir que a la época del despido existía un ambiente laboral enrarecido en la Unidad de Administración y Finanzas, lo que desembocó en una denuncia que activó una investigación administrativa en la que la demandante fue citada a declarar, siendo ella una de las personas que se encontraba afectada por este ambiente", sostiene el fallo.

La resolución agrega: "Que también los testigos se encuentran contestes en que ella habría sido la única funcionaria a la que no se le habría renovado en su cargo, siendo la renovación una práctica asentada durante la historia del Instituto Nacional de Derechos Humanos bajo las circunstancias que se verificaban en la persona de la demandante, y que previo a la apertura de un concurso público para llenar un cargo profesional, lo que se acostumbraba era llamar a la movilidad interna, lo que extrañamente no ocurrió en este caso. Que vista así la situación de la demandante es dable estimar por este tribunal que existen indicios que conducen a colegir que el despido sí obedeció a una represalia en contra de la trabajadora, y que por tanto corresponde a la parte demandada justificar la proporcionalidad de la medida adoptada, en este caso, la no renovación del contrato a plazo fijo".

"(…) el llamado derecho a la indemnidad del trabajador se ha definido como "el derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales". La jurisprudencia nacional de los tribunales del trabajo la ha definido, en uno de sus fallos, como "el derecho de toda persona del ejercicio legítimo de sus derechos, y que consiste en no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales". Que en el presente caso es importante determinar la motivación que tuvo el empleador para utilizar la potestad que le da la ley y dar por terminada la relación laboral con la actora. Es decir, si esta decisión tuvo un ilícito como sería obedecer a una represalia por haber participado aquella como testigo en una denuncia en su contra, pues de existir dicha ilicitud en el fin se descarta el conflicto de derechos entre la potestad de mando del empleador y los derechos del trabajador", añade.

Por tanto, concluye: "Que se acoge parcialmente la demanda deducida por la actora Johanna Pamela Ochoa Hutinel en contra del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, y se declara que el despido infraccionó el inciso 3° del artículo 485 del Código del Trabajo y, en consecuencia, se le condena al pago de las siguientes prestaciones.
a) A la suma de la suma de $962.237, correspondiente a la indemnización sustitutiva del aviso previo.
b) A la suma de $5.773.422, equivalentes a 6 remuneraciones de la actora".
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