Qué Hacemos

La SMDTSS busca la promoción de la justicia social frente a las necesidades de las nuevas relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas mediante el equilibrio de derechos e intereses de los sectores de la producción con el respeto a los derechos humanos, particularmente de los económicos, sociales y culturales…

Nuestra Historia

La tradición laboral mexicana empieza con lo vanguardista de la Constitución de 1917 que posicionó a México como uno de los países precursores en la promoción de los derechos laborales en el propio texto constitucional. Es así como el ejemplo mexicano sirvió de modelo para otros países, principalmente latinoamericanos, para el desarrollo y la concretización de los derechos fundamentales en el trabajo.

Jóvenes Juristas

La Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, Presidente de la SMDTSS (2009-2012 y 2012-2015), en seguimiento a la iniciativa impulsada por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, promovió la creación de una sección juvenil que formara parte del llamado “embrión latinoamericano”; así fue como se conformó un grupo de jóvenes interesados en los temas laborales y de seguridad social.

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Enfrentarán Autoridades Laborales uso de Subcontratación u “Outsourcing” que no respete la ley

Los Secretarios del Trabajo de todas las entidades federativas del País acordaron estrechar la cooperación e implementar estrategias conjuntas para enfrentar la práctica del “outsourcing” o subcontratación que no respete la legislación laboral

Boletín No.1038

El Subsecretario del Trabajo Federal, Rafael Avante Juárez, habló en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) sobre tercerización

César Alberto Martínez Baranda, Director General del Instituto FONACOT, destacó que la afiliación de empresas y centros laborales al mismo pasó de 59 mil 874 en diciembre de 2012 a 309 mil en la actualidad

También intervino Ángela Quiroga, Titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República
Al hablar en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), el Subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal, Rafael Avante Juárez, informó la decisión de las autoridades laborales de todo el País de combatir el “outsourcing malo”, que es aquel que se realiza con el fin de evadir las responsabilidades fiscales y laborales de los patrones afectando los derechos de los trabajadores, en especial las prestaciones de seguridad social.

Al momento de detectar estas prácticas y una vez que los trabajadores tengan reconocidos sus derechos, las autoridades laborales los acompañarán para que ejerciten los mismos, dijo el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

Durante su intervención, señaló que los Secretarios del Trabajo coincidieron en la importancia de tutelar los derechos de los trabajadores frente a las prácticas que buscan menoscabar o desconocer su relación de trabajo, afectar sus prestaciones y disminuir sus ingresos, así como evadir o diluir responsabilidades en materia de seguridad social mediante la utilización de esquemas de tercerización u “outsourcing”.

“Por lo tanto, hemos acordado trabajar coordinadamente mediante el intercambio de información y la realización de inspecciones, así como la implementación de estrategias de defensa y asesoría jurídica a los trabajadores, a efecto de identificar, inhibir, contrarrestar y sancionar este tipo de conductas que son contrarias a la ley y al trabajo decente”, aseveró.

A su vez, César Alberto Martínez Baranda, Director General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), ofreció a los Secretarios del Trabajo un panorama del organismo descentralizado que encabeza, y destacó que la afiliación de empresas y centros laborales al mismo pasó de 59 mil 874 en diciembre de 2012 a 309 mil en la actualidad, lo que representa un crecimiento de más de cinco veces.

Informó que, en lo que va de la actual, administración, el Instituto Fonacot ha otorgado créditos a más de 4.8 millones de trabajadores por más de 64 mil millones de pesos, lo que representa 2.2 y 4.6 veces más el monto colocado dentro del mismo periodo de las dos administraciones anteriores, respectivamente.

El funcionario señaló también que el INFONACOT cuenta con un monto autorizado de líneas de financiamiento por 21 mil 900 millones de pesos, de los cuales tiene disponibles el 55.7 por ciento, es decir, más de 12 mil millones de pesos, para que, en caso de desastres naturales como los sismos de septiembre pasado, salir al mercado al nivel de los estados en contingencia con una bolsa suficiente de recursos extraordinarios con planes específicos para otorgar crédito a trabajadores que se vieron damnificados.

Reportó que el organismo a su cargo ha realizado también emisión de papel a través del mercado bursátil mexicano, buscando siempre tener las tasas de interés más baratas del mercado y señaló la emisión histórica de 2 mil 700 millones de pesos en 2014, que fue bien aceptada en el mercado básicamente por la estructura financiera que tiene actualmente en Instituto y por la forma en la que cobra la deuda, que es descuento vía nómina mediante el empleador.

Por su parte, Ángela Quiroga, Titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, expuso algunos aspectos del proceso que se lleva a cabo para la implementación de estos cambios, que deben darse el próximo año.

Habló de la planeación del Centro de Conciliación que será creado para conocer los asuntos jurisdiccionales antes de llegar a juicio.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga amparo en materia de medio ambiente para sanear y restaurar el equilibrio ecológico de los canales del pueblo de San Andrés Mixquic



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 641/2017 determinó conceder la protección de la justicia federal a diversos habitantes del pueblo de San Andrés Mixquic, contra la omisión de autoridades de la Ciudad de México de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar y sanear ecológicamente los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic, concretamente los canales del Barrio de San Miguel, por el daño generado por agentes contaminantes.



Al respecto, la Sala sostuvo que el Jefe de Gobierno, el Sistema de Aguas y la Secretaría del Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, contaban con la obligación legal de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los gobernados al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, es decir, debían asegurar el aprovechamiento sustentable, la prevención y control de la contaminación de las aguas pertenecientes al territorio de la Ciudad de México, tal y como lo son los canales del al Barrio de San Miguel, Delegación Tláhuac.



Con base a lo anterior, la Sala concluyó que las autoridades responsables violaron el derecho humano a un medio ambiente sano, toda vez que con las pruebas aportadas al juicio, se demostró el alto grado de contaminación que presentan los canales del Barrio San Miguel; lo cual se traduce en un quebrantamiento del orden constitucional, convencional y legal de los mandatos que constriñen a preservar y restaurar el equilibrio ecológico de las aguas.



Es decir, con base en las constancias que obran en el juicio, se acreditó que en el caso concreto no se han adoptado todas las medidas posibles, hasta el máximo de los recursos disponibles, para evitar y controlar procesos de degradación de las aguas; para vigilar que las descargas residuales cumplan con la normatividad vigente en cantidad y calidad, ni tampoco para llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para sanear las aguas de los canales referidos



No obsta a ello que las autoridades aseguren que las afectaciones reclamadas no pueden serles atribuidas, en tanto la contaminación que presentan los aludidos canales se debe, en gran medida, a los actos de particulares, pues la Sala sostuvo que el Estado mexicano no puede adoptar una postura de pasividad cuando los particulares se encuentren realizando actos que afecten negativamente al medio ambiente y a los derechos humanos que se deriven de la pérdida de la sustentabilidad y salvaguarda de los ecosistemas; por el contrario, el Estado debe asegurarse que en todas las esferas, y acorde al ámbito competencial previsto por el Constituyente Permanente, se proteja tal derecho fundamental, lo cual conlleva que, ante conductas infractoras por parte de particulares, deba tomar medidas positivas para tutelar el ambiente.



Con base a lo anterior, la Segunda Sala otorgó el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades de la Ciudad de México realicen las acciones necesarias en materia de protección ambiental, con el propósito de recuperar y restablecer el sano equilibrio ecológico de los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic.
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